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Martes, 07-15-2008, 3:40:55 pm

Métodos de tortura
126 países son signatarios de la Convención contra la Tortura de la ONU, y sin embargo la práctica se sigue perpetrando en muchos de ellos. El mundo se escandalizó con las vejaciones a las que fueron sometidos los presos de Bagdad y Guantánamo pero sin ir muy lejos, en Colombia se han registrado 1776 casos de tortura en los últimos siete años.
 
 
“La tortura puede usarse para obtener información, para arrancar confesiones o para aterrorizar. Puede aplicarse antes de dar muerte a las víctimas o hacerlas desaparecer”
RELATOR ESPECIAL PARA CASOS DE TORTURA DE LA ONU
 
 
     Un millar de fotos digitales almacenadas en discos compactos, en las que soldados estadounidenses posan de la misma forma al lado de una cabeza de gato degollada, de una vaca despellejada o de un cuerpo herido y maltratado de un iraquí, se convirtieron en el mayor testimonio de horror y de violación de derechos humanos del que se tenga memoria en el presente siglo.
      Métodos de tortura que parecían hacer parte del pasado o de la inquisición, volvieron a la palestra pública para recordar que algunas veces los ejércitos legalmente constituidos, se valen de métodos aberrantes para conseguir información.
      En muchas cárceles del mundo se siguen cometiendo toda clase de vejaciones, a pesar de que 126 países son firmantes de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que la Organización de las Naciones Unidas adoptó el 10 de diciembre de 1984.
      Colombia también es signataria de esta Convención desde el 19 de enero de 1999, y sin embargo, la tortura sigue siendo usada en el país como un método para obtener una confesión o para infligir un castigo.
 
1.776 víctimas
     De ello dan cuenta las cifras del informe que la Comisión Colombiana de Juristas, organización con estatus consultivo ante la ONU, le entregó al Comité contra la Tortura el año pasado.
     El estudio detalla los casos sucedidos entre julio de 1996 y junio de 2006, período en el que por lo menos 1.776 personas fueron víctimas de torturas. De ellas, 242 fueron torturadas y dejadas con vida y 1.534 fueron torturadas antes de ser asesinadas.
     La Comisión encontró que el promedio diario de víctimas de tortura ha aumentado vertiginosamente, al punto de que durante el último período de julio de 2005 a junio de 2006, se registró casi una víctima por día. Los grupos paramilitares, que pese a su desmovilización se han reciclado en nuevas estructuras, siguen estando a la cabeza en la comisión del delito.
               
Sindicaciones
        La Justicia Penal militar abrió recientemente una investigación para esclarecer los hechos sucedidos en una finca de la población de Cunday, Tolima, en donde unos campesinos aseguran haber sido torturados por diez soldados, quienes les exigieron que revelasen la ubicación de un supuesto escondite con 100 millones de dólares.
        Uno de ellos relató a la prensa local que tras indagar por la caleta, “les respondí que no sabía nada. Me ataron de pies y manos, yo les decía que no teníamos plata, que investigaran en el pueblo, pero me daban patadas y puños, y me golpeaban con las armas”. La VI Brigada del Ejército se puso al frente del caso.
        Hay varias denuncias de este tipo. Carlos Montoya, un médico de la región del Guainía, instauró una de ellas. En enero del año pasado, cuando se dirigía de Puerto Inírida a El Sejal, por el río Guaviare, fue detenido por miembros del Ejército, quienes presuntamente lo bajaron con violencia de la motonave, le dispararon a los pies y a la altura de las orejas, lo arrojaron al piso y lo pisaron mientras lo señalaban como médico colaborador de la guerrilla.
        Según su testimonio, el comandante de esa unidad lo interrogó, le retuvo los documentos, lo sindicó de guerrillero y lo entregó a la Policía, en cuyas instalaciones fue interrogado durante dos días sin poder dormir. Sobre el caso se adelanta indagación preliminar en la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la defensa de los derechos humanos bajo el radicado No. 008-80670-03.
        El caso también sucedió en la región de San Juan de Sumapáz, Cundinamarca, en donde según denuncias del periodista Dick Emanuelsson, varios campesinos fueron retenidos por las Fuerzas Militares, quienes los hicieron “permanecer desnudos en una tormenta, acusándolos de ser subversivos”.
        En un comunicado el Ejército sostuvo que aunque “sí se han presentado casos de torturas en la institución, son muy esporádicos y no son la política”.
        Y añadió que hay que mirar el contexto en el que ocurren estas violaciones, que “no son sistemáticas y que obedecen a veces a que los soldados quieren hacer más de lo que deben e incurren en errores”. Respecto a los cuestionamientos sobre zonas de rehabilitación y detenciones masivas, la fuerza pública a sostenida que “son las mismas quejas que siempre han tenido las Ong y sabemos a quienes defienden (...) Lo cierto es que si necesitamos controlar ciertas regiones, lo hacemos, porque de lo contrario no podríamos frenar delitos como el tráfico de insumos o de gasolina”.
 
Tras las rejas
     Otra es la situación de las personas una vez son detenidas.
      El mundo se aterrorizó con las imágenes de las cárceles de Sao Paulo, en la que después de controlar los mítines, los guardias de seguridad hacían desnudar a los presos a recibir los fuertes rayos del sol.
        Pero sin ir muy lejos, los castigos en los penales del país no distan de ello. El año pasado en la penitenciaría de mediana seguridad El Barne de Tunja (Boyacá), aproximadamente 400 personas privadas de la libertad recluidas en los patios 2, 3, 4 y 6, fueron obligadas a desnudarse hasta quedar sólo en calzoncillos y a permanecer expuestas al sol entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde.
       Según las denuncias del Defensor del Pueblo de Boyacá, los rayos solares produjeron que 186 personas fueran incapacitadas 15 días por haber sufrido quemaduras de primer grado. En los casos de otras 17 personas, la incapacidad osciló entre 20 y 25 días, pues habían sufrido quemaduras de segundo grado.
       El Director de la penitenciaría manifestó entonces, que “los motivos para adoptar esa medida fueron un intento de amotinamiento de las personas recluidas en el patio 10 de seguridad, los daños en las celdas y las agresiones al personal de custodia”.
         Para el Inpec “esas denuncias son absurdas. El guardia no tiene ninguna atribución para castigar al reo y si el interno comete alguna falta para ello existen las normas contempladas en algunos decretos como la ley 65 de 1993 y el acuerdo 0011 de 1995”.
         Según el organismo, es la Oficina de Control Único Disciplinario “la que recibe las quejas sobre aquellos que cometen faltas que lesionen la integridad física, puede haber investigaciones al respecto, pero no por tortura y si es cierto que se han suicidado, ha sido por motivos personales diferentes a malos tratos”.
         En estos casos, son los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) quienes en realidad examinan a los presos para evaluar su estado de salud.
         Ellos han estado visitando a más de 20.000 presos desde 1918 y es quizá por eso que el revelador informe de 24 páginas (que se hizo público, pese a la política de discrecionalidad del CICR), según el cual presenciaron los abusos infligidos a prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib, cerca de Bagdad, a través de una docena de métodos de malos tratos, es totalmente confiable para los organismos internacionales.
 
Las medidas
         Aunque en repetidas ocasiones el Comité contra la tortura ha alertado sobre el índice de impunidad en estos casos, la Procuraduría General de la Nación ha formulado en los últimos tres años pliego de cargos contra 27 agentes, ha retirado del cargo a 16 y ha suspendido a seis militares.
         El caso más reciente fue en febrero, cuando la Procuraduría dictó pliego de cargos contra cinco miembros de la Policía de Medellín, por el desarrollo de un operativo policial que “se habría desbordado y terminado en allanamientos, detenciones ilegales y malos tratos a los retenidos”.
        También en febrero, pero del año pasado, ocho patrulleros de la policía Nacional fueron cobijados por esta medida por prolongar la detención ilícita y privación de la libertad de cuatro menores a quienes “torturaron al practicar con un revolver en la cabeza el juego de la ruleta rusa”.
       Lo que siguen esperando organismos internacionales es que el delito se castigue tal y como lo tipifica el Nuevo Código Penal (artículos 137 y 178), con penas hasta de 20 años, para no tener que legislar al contrario, como alguna vez lo propuso Alan Dershowitz, prestigioso profesor de Derecho de la Universidad de Harvard: “no apoyo la tortura, pero si hay que torturar, entonces no hay más remedio que contar con la aprobación de los tribunales”.

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