Centro poblado formado en Soacha por desplazados de la violencia.  Jenny Manrique

Jenny Manrique.  27 Mar, 2008, Publicado en Noticias Aliadas 

Desplazamiento afecta a más de 3 millones de colombianos

En los barrios pobres de la periferia de Bogotá el país se está reasentando. Venidos de las tierras más ricas de Colombia, donde los cultivos de pancoger alimentan varias bocas y el calor mañanero entra por las granjas como un soplo de vida, miles de familias se han tenido que acomodar en casuchas improvisadas, construidas en terrenos inestables que ocupan un inmenso laberinto donde pega el frío de los cerros.

Sus múltiples acentos ya no sólo hablan de una guerra extendida por todos los rincones del país, sino de una tristeza colectiva producto de un crimen ya reconocido por la legislación internacional y nacional como de lesa humanidad: el desplazamiento forzado.

Son cerca de 25,000 los desterrados que habitan en Altos de Cazucá, localidad perteneciente a Soacha, municipio al suroriente de la capital, convertido en el mayor receptor de esta población junto con la vecina Ciudad Bolívar.

Y es que este conflicto, además de muertos y secuestrados, también ha producido más de 3 millones de refugiados internos en las últimas dos décadas, con una media anual de cerca de 200,000 personas, según el programa gubernamental Red de Solidaridad Social, la mayoría de ellos escapando de amenazas o del fuego cruzado en zonas disputadas por más de un grupo armado, donde la palabra Estado parece un mal chiste.

En medio de dos fuegos
Mara, como pidió que la llamaran, conoce como nadie qué significa eso de ser población civil en medio del conflicto. Esta mujer de 37 años es natural de un pueblo de unos 5,500 habitantes, cercano al municipio de Caucasia, en el noroccidental departamento de Antioquia.

Su casa estaba enclavada en un lugar rodeado por el río de las rivalidades: bastaba cruzarlo a un lado para encontrarse con paramilitares, y dar unos cuantos remazos hacia el otro para toparse de frente con guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Allí trabajaba su esposo conduciendo una chalupa (lancha artesanal) que servía de transporte público entre las veredas.

“De eso sobrevivíamos nosotros, se hacía como 700,000 pesos (US$350) al mes trabajando 10 horas al día. No era suficiente porque uno de pobre nunca está completo, pero al menos la casa era propia”, acota Mara, quien entonces trabajaba como madre líder en el programa gubernamental Familias en Acción, encabezando a 144 mujeres beneficiarias de un subsidio para la educación de sus niños.

“En una ocasión un grupo de personas lo contrató para que los pasara al otro lado del río y al cruzar le salió otro poco de gente armada, y le dijeron que no se moviera hasta nueva orden. Parece ser que dicha gente había asesinado a unas personas; entonces los familiares la tomaron contra mi esposo porque él supuestamente tenía que saber que estaba transportado asesinos”, cuenta.

“Por eso la guerrilla llegó a mi pueblo buscándolo y le tocó huir al monte”, agrega. “Entonces cogieron a mi hijo, lo iban a matar porque lo levantaron a piedras pero él también se les escapó. Iban a tomar represalias contra nosotros y fue cuando se metieron a mi casa con piedras, palos y armas cortas y nos gritaban ‘malditos, malditos asesinos, salgan’”.

Tras esconderse varias horas, lograron salir por la noche hacia Caucasia en un carro que les consiguió su cuñada. Llegaron donde la madre de Mara, quien vive en condiciones precarias y sólo les pudo ofrecer un suelo para dormir. A mediados del año pasado lograron viajar a Bogotá gracias a los pasajes que les envió su hermana.

Finalmente conoció a una funcionaria de la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien le asistió con algunas mudas de ropa y la asesoró para acceder a la ayuda humanitaria de emergencia que entrega el gobierno —equivalente a $100 mensuales por familia—, consistente en tres meses de arriendo y alimentación, la mayoría de veces mucho tiempo después del primer desarraigo.

Dolorosas historias como las de Mara se esconden en Altos de Cazucá, localidad de 30 barrios con disponibilidad de terrenos, la mayoría ilegales, sin escritura ni figuración en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito.
La precariedad de la infraestructura hace que el costo de un arriendo oscile entre 50,000 y 100,000 pesos ($25 y $50) mensuales incluidos los servicios, un valor ínfimo respecto al resto de sectores de la ciudad.

A pesar de la ley 387 de 1997, que reconoce al desplazado como una persona sujeta de derechos especiales por su condición de víctima, la atención a esta población es casi dependiente de la cooperación internacional.

“La actitud de la gente es: pobrecito el desplazado, tome este pantalón y esa camisa vieja. Y nosotros somos personas que vivíamos mejor que cualquiera de los que hoy nos miran con lástima”, indica Rendón.
Por eso la lucha desde la MIGD es concienciar sobre esta problemática para que se desligue del asistencialismo y se fortalezca con la inversión social.