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Las hazañas del cuarto poder

Sábado, 02-16-2008, 7:49:40 pm

Entre protagonismos y silencios, algunos periodistas han logrado a través de su trabajo develar casos ocultos de narcotráfico, corrupción, negligencias del poder político y un sinnúmero de sucesos causantes de indignación en los lectores y molestia en los gobiernos.
En Estados Unidos tumbaron a un presidente y en Irlanda, 150 criminales quedaron tras las rejas. En Colombia, aunque los resultados no parecen tangibles, se han entregado a la opinión pública valiosas investigaciones que parecen detenerse en los anaqueles de los juzgados. Algunas historias con ocasión del día del periodista celebrado el pasado 9 de febrero.
 
“Ninguna noticia vale lo que una vida”
Carl Bernstein, quien investigó el caso Watergate
 
        A mediados de la década del noventa, los ciudadanos de Dublin empezaron a despertarse cada domingo con el eco de las palabras de una mujer que les hablaba a través de su columna en el periódico Sunday Independent. Les decía en pequeñas cuotas de verdad que su ciudad estaba siendo carcomida por un pequeño cáncer que poco a poco se iba a tragar a su juventud si no era frenado.
        Fieles a su instinto, tal como lo fue ella misma, la leyeron una y otra vez para enterarse de una compleja problemática en la que poderosos narcotraficantes se disputaban el control del negocio de la venta de heroína. A la postre fue ese secreto que vociferaban algunas calles del submundo criminal de Dublín, infestadas de jeringas y niños jugando a inyectarse, el que terminó con su vida.
        La historia de Verónica Guerin, una periodista irlandesa, fue para muchos heroica pero para otros imprudente y necia. El mediodía del 26 de junio de 1996, los dueños de la droga de su país decidieron marcar el final de su vida con siete balas disparadas por un sicario que se movilizaba en una moto.
        Guerin había tocado sus más ínfimos intereses al denunciarlos con datos y nombres concretos. Fue tan importante su trabajo, que tras su muerte casi media Irlanda se movilizó, y la investigación sobre su crimen terminó en la puesta tras las rejas de 150 criminales y la sanción de leyes más duras contra el narcotráfico, entre las que se incluían la investigación de bienes presuntamente ilícitos y la extinción de dominio sobre los mismos.
        No obstante, para algunos periodistas colombianos hay atribuciones que la profesión no se puede tomar, menos aún cuando de suplantar a la autoridad se trata.
 
Problema de la justicia
        Años atrás el mundo había tambaleado con el caso Watergate. En 1972, dos jóvenes periodistas del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, descubrieron el hecho más grave de la historia política de Estados Unidos, que provocó la dimisión del presidente Richard Nixon. Tras el asalto el 17 de junio de ese año de la sede del Partido Demócrata en el complejo de edificios de Washington conocido como Watergate, se puso en evidencia una serie de grabaciones de conversaciones que hacía el mandatario desde la Casa Blanca, para tener controlados a sus adversarios políticos y a las personas que él consideraba enemigas.
        Las prácticas de esta red de espionaje incluían micrófonos ocultos, filtraciones falsas a la prensa, falsificaciones de cartas y robo de documentos, entre otras acciones. El episodio permitió que el periodismo comenzara a mirarse como un necesario cuarto poder que debía velar por los valores democráticos y el cumplimiento de la ley.
        En opinión de un veterano periodista judicial colombiano que prefirió mantener su nombre en reserva, mucho antes de eso en Colombia se introdujo este tipo de reportería: “la historia da cuenta de que durante el gobierno de Rafael Reyes, muchos casos de corrupción publica se ventilaron y la prensa estuvo ahí, igual que en el gobierno de López Pumarejo (...) el periodismo colombiano es muy aguerrido. En los últimos tiempos ha hecho investigaciones de casos muy serios como la parapolítica”.
       
Aquí no pasa nada
        La sensación entre la opinión pública colombiana es que pese a las evidencias periodísticas, en el país no parecen haber consecuencias puntuales sobre estos hechos. Después de todo, tras el escándalo del Proceso 8.000, el presidente Ernesto Samper continúo en el poder hasta el final de su mandato y todos los documentos que vinculan a familiares y al propio mandatario Álvaro Uribe no impidieron su reelección. De hecho la muerte de periodistas no ha endurecido ninguna ley.
        “Acá tenemos un alto nivel de corrupción en las esferas judiciales. El compromiso de la justicia ha sido inferior al de los periodistas, mientras el escenario de la justicia de otros países es más eficaz”, sostiene por su parte Norbey Quevedo, jefe de la Unidad Investigativa de El Espectador, quien cuenta entre sus logros la revelación de los turbios negocios de los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol para lucrarse con la Copa América.
        El eco de esas denuncias periodísticas cobra vigencia en Latinoamérica, en casos como el de Ricardo Uceda, quien como director de Sí, en Perú, ubicó en 1993 los restos calcinados de los diez secuestrados de La Universidad ‘La Cantuta’, y a la cabeza de la unidad de investigación del diario ‘El Comercio’, documentó la falsificación de firmas que condujo a la inscripción ilegal de Perú 2000, el partido de Alberto Fujimori.
        La hazaña se repitió en Londres cuando Harold Evans, director del ‘Sunday Times’,desenmascaró al aristocrático Kim Philby como espía soviético en los servicios de Inteligencia británicos.
        “Yo pienso que el tema no debería plantearse en términos de resultados. El logro más importante es que a la opinión pública se le cuente la verdad. Ya llevamos cerca de 30 años en desarrollo del periodismo investigativo, pero somos pocos quienes lo ejercemos por la difícil situación del país”, asegura Quevedo.
        La cifra de 70 profesionales asesinados en las últimas tres décadas, continúa catalogando a Colombia como uno de los sitios más peligrosos para ejercer la profesión, según el CPJ. 
        Sin embargo, para Quevedo, salvo casos como el de Guillermo Cano, director del Diario El Espectador, quien fue ametrallado en 1986 frente a su periódico por pistoleros del cartel de Medellín, “en muchas ocasiones asumimos un rol de víctimas. Si miramos cada caso concreto las muertes son muchas veces por causas diferentes al ejercicio periodístico. Se ha generalizado una realidad virtual en la que los periodistas se muestran como víctimas”, asegura.
        "Las amenazas son inherentes a la labor. Hay presiones por poner al descubierto temas ocultos, tan comunes en el trabajo del periodista investigativo, como lo es en el deportivo el hecho de trabajar todos los fines de semana”, asegura.
 
Escasos logros
        Muchas investigaciones son sin embargo frenadas por el miedo o por la muerte misma, y esto ha llevado a la constitución de asociaciones como Investigative Reporters and Editors (IRE), que buscan continuar las tareas de periodistas que han sido asesinados sin culminar su trabajo. Un ejemplo de esta cooperación se dio en la develación del caso Montesinos, que implicó la labor conjunta de colegas colombianos, peruanos, salvadoreños, mexicanos y venezolanos.
        A juicio del reportero investigativo de Noticias Uno, Ignacio Gómez, quien ha sido galardonado con varios premios internacionales de libertad de prensa, si se piensa en el caso colombiano, “el periodismo no ha logrado ningún cambio político importante, precisamente por la impunidad y la poca atención que se presta a su trabajo”.
        En su caso personal, recuerda dos sucesos puntuales: cuando el Ministro de Agricultura de Alfonso López tuvo que renunciar por el caso de la Hacienda Arizona, terreno baldío que buscaba adjudicar a campesinos sin tierra, quienes en realidad eran su socio y su familia; y el caso de la empresa colombiana pesquera de Tolú, Pestolú, que realizó una donación de barcos pesqueros a los ‘pobres’ de Coveñas, que terminó en manos de la familia de un congresista.
        “Ellos (los Guerra Tulena), todavía siguen explotando esos barcos, pero no han operado las sanciones judiciales pertinentes. Para mí lo importante es que la opinión supo que eran unos corruptos de miedo”, agrega Gómez, quien fue obligado a exiliarse en dos ocasiones, una en 1989 y nuevamente en 2000, luego de publicar una información que vinculaba a Carlos Castaño con la masacre de Mapiripán.
 
En Latinoamérica
        A nivel internacional, se han creado premios para enaltecer la labor de este tipo de investigaciones. Transparencia Internacional y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), otorgaron anualmente el Premio Latinoamericano a la Mejor Investigación de un caso de corrupción, cuyo primer lugar en 2007 fue compartido por la Revista Semana y el diario Correio Braziliense, de Brasil.
         El jurado premió la serie de reportajes en los que Semana reveló el impacto de la infiltración paramilitar en organismos del Estado, conocida como la ‘parapolítica’. Dicha investigación puso en evidencia la extensión de los tentáculos paramilitares hasta esferas como el Congreso y los organismos de seguridad y su poder para incidir en los procesos electorales de nivel nacional.
El otro ganador del primer puesto fue Lúcio Vaz, de Correio Braziliense, por la investigación que reveló un millonario desvío de fondos estatales para la compra fraudulenta de ambulancias en varios estados del Brasil. 
        “Yo pienso que el periodismo investigativo de Colombia es muy respetado en América Latina. El papel de la denuncia aquí es fundamental. En otros casos como Venezuela, el periodismo se ha desviado a hacer proselitismo”, asevera por su parte Fernando Ramos, corresponsal de CNN en Colombia. Este periodista le reconoce a los medios el seguimiento al caso de Banpacifico y las investigaciones que se llevaron a cabo en el Proceso 8.000.
        “En todo hay excesos. La situación de Colombia lleva a veces a apasionamientos que llevan a cometer injusticias y la posibilidad de que la gente te manipule, pero el problema no es del periodismo en sí. Si alguien se cae debe ser por la justicia”, dice Ramos.
       
Verdadera dimensión
        En Estados Unidos la zaga del periodismo de investigación la ha continuado recientemente Michael Moore, un aguerrido reportero que ha realizado cuatro documentales en los que ridiculiza a los gobernantes estadounidenses. Su blanco preferido ha sido el actual mandatario George Bush, a quien le hace una crítica certera y sarcástica.
        A través de su filme Bowling for Columbine, Moore lideró todo un movimiento civil contra la venta indiscriminada de armas. En él enfrenta a los responsables de su comercio con las víctimas de la violencia y logra indemnizaciones para algunos de los afectados.
        En su país son pocos los osados y por eso él, también autor del documental, Fahrenheit 911, en el que explora las oscuras relaciones entre Bush y la familia de Osama bin Laden, se ha convertido en una figura contestataria que habla lo que otros callan.
        “Hay periodistas valerosos, no hay que negarlo. Pero hay otros que los matan por estupidez, por andar metidos en malas partes, por ser pantalleros, hay que darle la verdadera dimensión a la profesión”, asevera la fuente que pidió reserva.
        Para Ignacio Gómez, el verdadero problema es que la muerte de tantos periodistas en el país, al contrario de lo que sucedió con Guerin, “no sirve sino para bajar la calidad del periodismo investigativo, y en el peor de los casos, acabarlo”, sentencia.

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