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“Lo nuestro es por plata”

Sábado, 01-26-2008, 5:56:35 am

Secuestrados económicos en Colombia, los olvidados del intercambio humanitario.*
 
Mientras el país aguardaba la liberación de las rehenes políticas Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo quienes permanecieron hasta seis años en poder de las FARC, un grupo de soldados encabezados por el abogado Gustavo Muñoz, director de la Fundación Nueva Esperanza, se adentraba en las selvas de Caquetá para rescatar los cadáveres de seis plagiados que murieron a manos de ese grupo subversivo. Fue el 27 de diciembre de 2007, tras un año de búsqueda, cuando los cuerpos sin vida de seis colombianos que no hacían parte de ninguna lista de canjeables, fueron hallados en tres fosas comunes con signos de haber muerto a golpes y garrotazos según confirmaron los dictámenes de Medicina Legal. La razón de su deceso tiene nombre en el conflicto colombiano: su secuestro tenía un móvil extorsivo económico y por tanto sus nombres no eran parte de ninguna propuesta de intercambio humanitario. Según Muñoz, durante 2006, 35 plagiados por estos motivos, fueron asesinados en cautiverio a manos de las FARC.
“En este momento los secuestrados económicos tienen sentencia de muerte. El modus operandi de las FARC es obligar a los secuestrados a grabar pruebas de supervivencia a futuro para seguir extorsionando aún cuando ya han matado al cautivo. Cuando estas se les acaban comienzan a cobrar hasta 20 millones de pesos (US$10.000) por devolver el cadáver”.
Desde el año 2000 la Fundación Nueva Esperanza tomó las banderas de miles de familias cuya única salida para volver a ver a sus seres queridos es pagar millonarias sumas a los grupos subversivos por su rescate. En esta situación se encuentran 750 plagiados en manos de las Farc y 550 en poder del ELN, mientras 400 familias fueron extorsionadas por años por los paramilitares, para enterarse por confesión de Salvatore Mancuso, tras su desmovilización, que todos los plagiados habían sido asesinados en cautiverio. Las cifras entregadas por Muñoz hablan de 3820 ciudadanos que aún están en la selva, la mayoría de ellos sin determinar los autores de su secuestro. Fondelibertad, agencia del gobierno, sostiene que son 3134 los plagiados.
 “Llevamos más de tres años pidiendo que estos casos se incluyan en el acuerdo humanitario y en 2005 entregamos junto con el ex presidente Turbay (Julio César Gomez 1978-1982) una propuesta al gobierno Uribe que incluía que por cada guerrillero que saliera de la cárcel, se entregara a un secuestrado político y 100 extorsivos. Nunca tuvimos respuesta y tras la lamentable muerte de Turbay (septiembre de 2005), todo se congeló”.
Sin embargo Muñoz, quien fue nombrado miembro del Consejo Nacional de Paz en 2003, ganó una de sus peleas insignes y fue la aprobación de la Ley 986 de 2005 que protege a las víctimas de este crimen de lesa humanidad. Tras haber estado secuestrado seis meses por el bloque móvil Arturo Ruiz de las FARC y recuperar la libertad pagando un millonario rescate que lo dejó en la ruina, se dio cuenta de los vacíos legales en el amparo de esta población.
Es así como esta legislación obliga a las empresas a continuar pagando a los familiares a través de bancos del Estado el salario que devengaban los secuestrados, y a las entidades financieras a otorgar préstamos hasta por 200 millones de pesos (US$100.000) para que en ausencia de sus seres queridos, las víctimas puedan generar ingresos con proyectos productivos. También contempla la congelación del pago de servicios públicos, deudas hipotecarias, impuestos y demás obligaciones monetarias contraídas, hasta que el plagiado aparezca vivo o muerto, caso último en el que la deuda fenece. La Fundación Nueva Esperanza estima en cerca de 4.000, las familias beneficiadas por esta ley.
 
“Incluirnos en el intercambio es una utopía”
“El Estado es indolente mientras uno recibe múltiples presiones: la del frente guerrillero al teléfono y la de los acreedores que se olvidan que el deudor ya no está, que no hay ingresos, ni salarios, ni trabajador. Si no fuera por una tutela que yo puse al Estado hubiera sido embargada por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas)”, asevera Mariela*, una mujer cuyo marido estuvo secuestrado por cinco años, durante los cuales pagó altas sumas de dinero por recibir pruebas de supervivencia que mantenían viva su esperanza.
“Mi ilusión se centraba en las llamadas tras las que había siempre una nueva exigencia. A los familiares no nos queda otra que endeudarnos porque cuando uno tiene a alguien secuestrado, agota los recursos humanos, recurre a todo el mundo, hace todo para que vuelva”. Esa búsqueda incluyó la asistencia a lugares remotos para entregar cantidades de dinero en billetes de denominaciones específicas, con la promesa incumplida de recuperar a su marido. Confió muchas veces en un rescate militar que no se dio, mientras descartaba sabiamente el tema de la salida política.
“Para nosotros sigue siendo una utopía que incluyan a los secuestrados económicos en un intercambio humanitario. FARC y Gobierno se exigen cosas sin tenernos en cuenta. Estamos desamparados porque hasta para negociar, necesitamos mediadores y ellos cobran. Lo nuestro es por plata”. 
Hace más de dos años Arturo*, un industrial del calzado pagó 500 millones de pesos (US$250.000) por el rescate de su hijo de quien recibió siete pruebas de supervivencia durante sendos meses. Luego por informaciones de un reinsertado que lo condujo a la fosa donde se hallaba su cadáver, se enteró que el joven solo había permanecido con vida ocho días.
“Es inhumano lo que hacen las FARC pero también lo que hace el Gobierno. Nuestros familiares no estuvieron ni estarán en las negociaciones como si los secuestrados tuvieran más valor unos que otros. En la selva no hay preferencias, tratos, ni distinción de ningún tipo porque sea hijo de militar, negro o blanco”, opina Arturo.
La discusión llegó a la Habana a las mesas de negociaciones que el Gobierno Colombiano mantiene con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque sin éxito. Si bien se planteó la liberación de todos los secuestrados en poder de esta guerrilla antes de iniciar un cese de hostilidades, después de más de dos años de conversaciones, los plagiados de este grupo guerrillero siguen en cautiverio.
“Los secuestrados siguen siendo considerados mercancía y por eso sus liberaciones siguen trabadas. Circos como el de Chávez pidiendo a la Unión Europea que saque a las Farc de la lista de organizaciones terroristas, no sirven. Es mejor que se preocupe por los 70 ganaderos venezolanos que las Farc tienen y deje al gobierno colombiano actuar para que pueda hacer las negociaciones con su gente. Eso sí el Gobierno tiene que entender que aquí no pueden seguir habiendo secuestrados de segunda ni de tercera. Todos somos iguales”, concluye Muñoz.
 
* Nombres cambiados a petición de las fuentes
Este artículo fue publicado en portugués en el diario Folha de Sao Paulo el domingo 13 de enero de 2007 

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