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"En la selva todos comen los mismos gorgojos"

Viernes, 10-05-2007, 10:31:24 pm

Ires y venires de la senadora Piedad Córdoba. Intermediación del presidente venezolano Hugo Chávez y del francés Nicolas Sarkozy. Mandatarios latinoamericanos ofreciendo su territorio para negociaciones. Todos esfuerzos loables por devolver la esperanza a las familias de 45 secuestrados por las Farc, quienes serían incluidos en un intercambio humanitario que pretende negociar el gobierno de Álvaro Uribe. Una salida humanitaria y necesaria, pero alguien ha pensado en el drama de quienes deben pagar por la liberación, mientras no se les incluye en un acuerdo político? Qué pasará con los más de 3000 secuestrados que por razones económicas siguen en las selvas de Colombia? 
 
Testimonios
Rosi* no olvida el momento en que el reloj marcó las 5:00 de la tarde del 16 de marzo de 2001. Esa hora partió en dos su vida y la trastocó a tal punto que hoy es una mujer sola, con millonarias deudas e inmersa en continuas batallas legales con el Estado.
En ese instante, varios insurgentes de las Farc, ataviados de armas y trajes camuflados, se llevaron de su finca de trabajo a su esposo Ismael*, un extranjero de 60 años que lleva más de 20 en el país.  Así cortaron de un tajo los ocho años de relación que esta pareja había compartido. Sólo esos, porque los restantes seis que ya cumple Ismael en cautiverio, siguen sumando para Rosi, hasta el día en que por fin logre su liberación y el conteo se haga eterno.
“Yo todos los días me levanto con fe y confianza, en mí misma y en Dios. No pienso que sea un día más de secuestro, sino al contrario, uno menos. Yo voy en cuenta regresiva y aunque la expectativa es agotadora, mantengo la esperanza”, asegura la mujer de 41 años.
Su fortaleza se hizo evidente desde que contestó la primera llamada que no tardó en llegar, pero que nunca se había previsto en forma de amenaza.
La exigencia fue una suma astronómica de la que a la fecha ya ha hecho varios pagos, pero aún “no lo han querido liberar”.
“He recibido unas cuantas pruebas de supervivencia, que siempre hay que confirmar para poder seguir negociando. Ellos tienen su estrategia para ir exigiendo y a nosotros como familiares nos toca seguirnos endeudando porque cuando uno tiene a alguien secuestrado, busca por todos los medios que vuelva (...) Uno siente que debe agotar los recursos humanos y de todo tipo, acude a prestamos, toca puertas... Es duro”.
No obstante, ya está acostumbrada a los telefonazos esporádicos en los que le dan instrucciones y lugares de encuentro, en los que espera muy pronto volver a ver a Ismael. “La confianza la centra uno en las llamadas. Si continúan llamando, se guarda la esperanza. Uno intuye que ellos dicen la verdad y hay que manejar las cosas en ese plano, porque no queda de otra”.
La otra, es el rescate militar. Al respecto ella siente un temor natural porque sabe que conlleva un riesgo, pero “es el mismo que corre mi esposo todos los días en la selva. Le puede dar un infarto, fracturarse una pierna, que lo pique una culebra, que le dé paludismo, leshmaniasis. Desde que se lo llevaron vive en riesgo, entonces yo le dejaría esa labor al gobierno y al Ejército”.
 
Las presiones
Rosi sostiene que desde que sucedió el plagio, ha tenido que enfrentar varias presiones a la vez: la del frente guerrillero, la de los hijos de su esposo con su primera pareja y la de los acreedores del Estado, que parecen olvidar que ya no hay ingresos, salarios, ni trabajador...
“Yo estuve a punto de ser embargada por la imposibilidad de pagar unos impuestos de renta. La orden estaba, pero yo le gané una tutela al Estado”.
Su abogado, Luis Harrison Vásquez, logró ganar la acción que instauró contra la DIAN ante el Tribunal Superior de Bogotá el 10 de marzo de 2004, por la cual la entidad tuvo que suspender el cobro coactivo que había iniciado por la falta de pago de los impuestos.
“A pesar de que conocían la situación de secuestro, fueron indolentes con los cobros y ahora la tutela obliga a la DIAN a condonar los intereses moratorios y suspender el pago de impuestos, y sólo hasta después de un año de que su esposo (Ismael) recobre la libertad, se puede iniciar una nueva forma de pago”, asegura Vásquez, quien desde hace unos años asesora a Juan Carlos Lecompte, esposo de Íngrid Betancourt, en un litigio con el Fondo Nacional del Ahorro que le sigue cobrando a la ex candidata presidencial, todavía plagiada, cuotas de un crédito hipotecario que además fue convertido a UVR.
 
“El gobierno nos ha fallado”
“Yo siento que el Gobierno nos ha fallado, pues hasta por cerrar Inravisión nos dejó sin el canal por el que los miércoles y viernes, podíamos enviarles mensajes a los secuestrados”, recuerda Rosi.
Ahora recurre a los reducidos espacios de las radios privadas, cuya señal llega hasta el monte, marcando hasta por cinco horas el número telefónico de la emisora por el que compite con cerca de 3.000 llamadas más, de familiares que también tienen a los suyos privados de la libertad.
“Con País Libre estamos buscando cómo seguir enviando mensajes porque el hecho de que él todos los días escuche que yo le diga ‘te amo’, lo va a mantener vivo.”
Considera que incluir a los secuestrados por razones económicas en un eventual intercambio humanitario, “para nosotros es una utopía. Unos y otros hacen una cantidad de exigencias y exigencias, y nosotros ni siquiera estamos ahí en ellas. Estamos absolutamente solos, desamparados por el gobierno, hasta si uno necesita mediadores para negociar, pues ellos cobran, porque lo nuestro es por plata.”
Por eso le parece excluyente, el hecho de que en la agenda política prácticamente el único nombre visible sea el de Íngrid Betancourt.
“Como dicen los ex secuestrados: en la selva todos son los mismos, todos comen los mismos gorgojos y corren el mismo riesgo. No hay clases, tratos ni distinción de ningún tipo. Todos deben correr a una hora del día y caminar otras tantas. No hay consideración por el que sea hijo de fulano, militar, policía, costeño... No vale ningún patrón cultural ni político, militar o académico.”
 
Una ley para las víctimas
Durante años la Fundación Nueva Esperanza liderada por Gustavo Muñoz ha tratado de meter el tema del secuestro económico en la agenda política. Él mismo fue víctima de un secuestro económico por parte del bloque móvil Arturo Ruiz de las Farc, mientras estaba en su finca en las afueras de Cali en agosto del 2001.
“Mi familia tuvo que pagar un rescate altísimo de una cifra que de pronto pasada a pesos no cabe en la calculadora”, recuerda Muñoz, quien al retornar a la vida civil tuvo una audiencia con el ex presidente Andrés Pastrana, para buscar que el Estado le hiciera un préstamo para deshipotecar su casa y rehacer su vida económica. “Me dijo que necesitaba entregar algo en hipoteca, a manera de aval, o cometería un peculado. ¿Y qué le iba a entregar?”
omenzó entonces su lucha por una ley que le diera beneficios a los familiares de los secuestrados y que permitiera cambiar “ese articulado que era una cosa aterradora, donde ese delito era casi excarcelable y hoy día puede otorgar hasta 60 años de prisión (...) Por otro lado debía contemplar suspender el pago de obligaciones financieras durante el cautiverio, que la DIAN no les cobre los impuestos, que la Universidad lo deje seguir estudiando a su regreso, que el pago de la tarjeta de crédito se suspenda, que no los incluyan en las centrales de riesgo”.
Esa iniciativa se hizo realidad el pasado 26 de agosto de 2005, cuando el Presidente Álvaro Uribe sancionó la ley 986 de 2005 y desde entonces la fundación ha cogido más fuerza.
 
Pago por el cadáver
Su preocupación por incluir a los plagiados por motivos económicos en las negociaciones, parte de la actual realidad de las extorsiones en las que los grupos armados incumplen partes de los tratos que hacen con las familias. Como se dice coloquialmente, son ellos quienes tienen la sartén por el mango.
“Ahora sabemos que el Eln está obligando al secuestrado a grabar mensajes a futuro. Lo matan y siguen cobrando por la extorsión haciendo uso de esos videos. Luego cuando ya no pueden seguir con la mentira, le dicen a la familia que lo mataron por presión de las tropas y que tienen ocho días para entregar 20 millones de pesos por el cadáver”, añade Muñoz.
Hace un poco más de dos años fue público un caso en el que fue secuestrado el hijo de un industrial del calzado a quien sólo lo mantuvieron con vida ocho días. Sin embargo, este fue obligado a grabar siete videos que fueron entregados a su familia mensualmente. A él le hicieron creer que tal premura obedecía a que se iban a internar en la selva y debían dejar listas esas pruebas de supervivencia, en el campamento más cercano al casco urbano.    
La familia alcanzó a cancelar 500 millones de pesos (un poco más de US$250.000), pero ni siquiera el cadáver fue devuelto. Sólo hasta que las informaciones de un reinsertado condujeron a la exhumación de una fosa común donde hallaron sus restos, la familia pudo darle cristiana sepultura. Hoy están exiliados en Panamá.
“Las Farc por su parte están dando solo seis meses de plazo para pagar el rescate, de lo contrario la familia tiene que alistar 20 millones de pesos, pero para recuperar el cadáver”, acota Muñoz.
Las cifras de Fondelibertad que es el estatal Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, sostienen que en todo el país desde 1996 hasta junio de 2007 se han cometido 23356 secuestros, de los cuales las autodefensas han sido responsables de 1163, el Eln (en negociaciones de paz con el gobierno en La Habana) de 5390 y las Farc de 6778. Los demás plagios han sido cometidos por organizaciones armadas disidentes o delincuencia común, y por supuesto hay un número importante de casos en los que no se estableció el autor (5109). Actualmente 3134 personas permanecen en cautiverio y solo 45 de ellos serían objeto de un intercambio humanitario. Insisto, hay que avanzar en este primer acercamiento, pero hay otros 3089 colombianos en la selva (sin contar los casos no denunciados y el subregistro), de los que el Gobierno no se debe olvidar.
 
 
* Nombre cambiado a petición de la fuente

1 comentarios

Comentarios

ALEXANDRA AKL dice ...
EL SEÑOR MUÑOZ ES DIGNO DE ADMIRACION POR EL PUEBLO COLOMBIANO.

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